El gobierno de Alberto Fernández ha tomado
medidas y ha dado “señales”, que en general considero “buenas”, en sus primeros
30 días. Entre ellas se destaca la señal de “responsabilidad fiscal”, vía una
serie de medidas (incluyendo la muy difícil de desindexar jubilaciones por
encima de la mínima), que nos permite conjeturar que este año 2020
probablemente finalice con un pequeño déficit fiscal primario (- 0,5% del PIB),
con tendencia hacia 2021, hacia un pequeño superávit fiscal primario (+ 0,5%
del PIB).
Pero no ha sido la única señal. Podemos
también destacar:
a)
La afirmación de que no se
puede emitir base monetaria imprudentemente, y haber dispuesto el BCRA, bajas acotadas
de tasas de interés (tasa leliq de 63% a 52%, aún muy por encima de cualquier
pronóstico de inflación razonable).
b)
Pagos a cuenta de aumentos
salariales modestos, y llamado a la moderación en cuanto a los aumentos
salariales paritarios
c)
Mostrar voluntad de pago de
deuda externa (vía uso dólares del Banco Central), afirmando intención de
rápido arreglo (implícitamente, que no debería haber una oferta agresiva, ya
que ello haría imposible un rápido arreglo).
d)
Mostrar voluntad de pago y
recreación de mercado de deuda en pesos, vía licitaciones de Letras en Pesos.
Aún se trata de un mercado “muy conversado”, con pocos actores realmente
voluntarios, pero ha sido un buen primer paso.
e)
Mostrar voluntad de contener la
inflación (congelamiento temporario de tarifas, estabilidad del dólar oficial,
nuevo programa de Precios Cuidados).
Otras medidas, han sido esencialmente
“redistributivas” (darles dinero y crédito a algunos, a costa de sacárselos a
otros), con poco efecto “macro” reactivante, especialmente en un contexto de
fuerte control de cambios (“cepo hard”) que obliga a los ahorros a
recircularlos internamente, y que deben evaluarse más por criterios “éticos”.
Las medidas y las señales hasta ahora
enunciadas, no constituyen sin embargo, al menos hasta ahora, un verdadero
“plan macroeconómico integral”.
¿Qué cosas faltarían en tal sentido?
Veamos:
1)
Debe definirse cuál habrá de
ser el aumento de salario real promedio que el gobierno esté dispuesto a
convalidar para 2020 (y sucesivamente). Si se convalidaran aumentos del 3%, el
dólar no debería atrasarse. Pero si se convalidaran por ej. aumentos del 10% la
caída del dólar sería importante, y se empezaría a dudar de la “consistencia”
del plan, tema tan mentado por el ministro Guzmán. Hay que tener en cuenta que
“moderar” la recuperación del salario, implicaría incumplir con varios
convenios paritarios que tienen cláusulas gatillo (en línea con lo hecho con la
fórmula jubilatoria).
2)
Definido lo anterior, debería
definirse la “nominalidad” que el gobierno “desea”. Con administración del
dólar, tarifas, salarios y márgenes empresarios (vía Precios Cuidados), y en un
marco de responsabilidad fiscal y monetaria, la inflación la decide básicamente
el gobierno. Prefiere 20%, 30%, 40%? No lo sabemos. No tiene que ser una “meta”
en sentido rígido, ni para repetir la desafortunada experiencia de querer luego
bajarla sólo con política monetaria. Pero una “inflación de referencia” debería
haber.
3)
Definido el salario real
“aceptado”, y la inflación “de referencia deseada”, el gobierno debiera mover
dólar y tarifas acordemente. Seguir con el congelamiento de tarifas sería
desafortunado (lo que haya que revisar del esquema, debiera hacerse rápidamente),
e inconsistente. Tampoco sería
consistente dejar atrasar al dólar. El gobierno nos debe definiciones respecto
a cómo moverá ambas variables.
4)
Resuelto todo lo anterior, las
tasas de interés deberían bajar fuertemente. Tasas de Leliq del 52% con tarifas
subiendo 0%, y dólar también 0%, no forman parte de un set “consistente”. Las
tasas del 52% sólo se explican por la falta de definiciones, sobre todo en
salarios y dólar. Muy altas de interés no alentarán la demanda de crédito, y el
rebote económico sería mucho más acotado de lo que podría ser.
5) En base a medidas fiscales ya tomadas, el gobierno debería empezar a explicar su política fiscal futura. Una regla muy sencilla podría ser que los ingresos el gobierno espera crezcan como el PIB nominal (inflación + crecimiento), y que el Gasto primario, por inflación o menos. De modo que si la economía crece, el superávit aumentaría. Una regla así permitiría llegar a un superávit operativo del 2%, probablemente hacia 2023. Una buena herencia para que la economía y la deuda pública transiten por senderos sustentables para gobiernos venideros.
6)
Y por supuesto, resta anunciar
una propuesta de canje de deuda, que logre la extensión de plazos y pago de
servicios necesarios para el país. Y que sea a su vez aceptable para acreedores
privados y para el FMI.
Muchos otros problemas requieren se vayan
tomando medidas (mejorar el control de cambios para que no sea anti-inversión,
minimizar sesgo anti-exportador de medidas para-arancelarias y fiscales, etc,
etc). Pero concretando lo comentado antes, se percibiría entonces sí, que
estaríamos ante un plan “macro” integral (que es distinto a tener una política
de crecimiento y desarrollo integral, lo que aún asoma lejano).
El gobierno se toma su tiempo. Viene
tomando medidas, y dando buenas señales. Esperamos que pronto defina mejor su
“plan integral”, y lo presente en sociedad, lo cuál sería más que bienvenido.
(*) Director de GRA Consultora. Ex
Representante de Ministro Lavagna en el BCRA
